FOTO: Gobierno de CdMex
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CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México, para establecer como prioridad que los delitos sexuales contra menores de 18 años no prescriban.

La propuesta, que va firmada por el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real y Aguilera, busca proteger los derechos de las víctimas de delito, al combatir la impunidad, mediante acciones de cero tolerancia, priorizar el interés superior de la niñez y la reparación del daño.

"No es una propuesta de modificación innecesaria, ni desproporcionada, sino apegada a derecho y en beneficio de las víctimas en el primero de los supuestos y, en el segundo, de las instituciones y la sociedad", argumentó la Ejecutivo local.

Por ello, sugiere derogar el artículo 108 y adicionar una fracción al artículo 111, ambos del Código Penal capitalino, en materia de prescripción respeto de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Detalló que dichos delitos son: estupro, incesto, violación, abuso sexual, acoso sexual cometido a menores de 12 años, corrupción de personas, turismo sexual, pornografía, trata de personas, lenocinio y explotación laboral de menores de edad en su conjunto.

"Es evidente la necesidad de robustecer la protección a niñas, niños y adolescentes, en virtud de las condiciones de vulnerabilidad que pueden sufrir por la propia situación etaria
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX

Además, destacó, "los delitos sexuales cometidos a personas menores de 18 años de edad, son considerados de alto impacto en la mayoría de los países. Pues en éstos se tutela el interés superior de la niñez y el sano desarrollo psicosexual, evitando la impunidad de los penalmente responsables y propiciando la reparación integral del daño a las víctimas", enfatizó.

Explicó que parte de la problemática que obstaculiza a las autoridades investigar y sancionar, consiste en que la comisión de estos delitos es de realización oculta, por lo que es prioritario fortalecer la normatividad jurídica, que garantice la persecución por el Estado de manera permanente de estos tipos penales.