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CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín,presentó los puntos que conformaron la propuesta que la IP presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la crisis generada por el COVID-19.

El directivo remarcó que el sector empresarial nunca planteó al titular del Ejecutivo Federal condonaciones de impuestos.

Este es un problema de liquidez y subrayo, no es un problema de solvencia. Desde las pequeñas hasta las grandes empresas trabajaban el mes de febrero sin problemas, cubrían sus responsabilidades fiscales, pero de un día a otro se dejó de operar, no por falta de capacidad ni de activos, sino por una situación fuera de control
Carlos Salazar Lomelín

Algunas de las ideas planteadas a López Obrador fueron:

*Diferir el 100 por ciento de las contribuciones a la seguridad social para el sector de la hotelería, aviación, turístico y de restaurantes.

*Aumentar la deuda del país en cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

El directivo señaló que eso representaría alrededor de un billón de pesos que se podrían utilizar para la crisis económica que se avecina en México.

*Programa de infraestructura con fondos públicos y privados. La propuesta de la IP al respecto sugería que se le asignará a cada uno de las 32 entidades del país un gran proyecto de infraestructura.

*La definición de proyecto de inversión de la IP en el sector energético.

Al respecto, Salazar subrayó que el sector privado entregó al Gobierno sus propuestas para esas actividades Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, pero aún no reciben respuesta.

*Preparar una propuesta, en coordinación con la Secretaría de Economía, para que México sustituya a China como proveedor de algunas exportaciones hechas hacia Estados Unidos.

*Una depreciación acelerada para acelerar la llegada de inversiones a México.

*Apoyos entre privados mediante una estructura para que empresas con capacidad económica apoyen a sus proveedores mediante pagos a no más de 30 días.

*Adopción de MiPymes, es decir, que privados con la capacidad de apoyar a negocios más pequeños lo hagan con apoyos salariales o recursos.

*Compras adelantadas, lo que significaría realizar pedidos que se entreguen una vez terminada la crisis por el coronavirus.

*Evitar penalizaciones contractuales entre particulares.