AP Foto/Ted S. Warren, Archivo
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ESTADOS UNIDOS.- Los intentos del estado de Washington para obligar a una cárcel de inmigrantes operada por una empresa privada a pagarles a sus detenidos el salario mínimo por trabajo que realizan pueden continuar después de todo, falló un juez el miércoles.

El juez federal de distrito Robert Bryan, en Tacoma, dijo el mes pasado que pretendía desechar el caso, e invitó al secretario de Justicia estatal Bob Ferguson y a los abogados del GEO Group, que gestiona el centro de detención, para comentarles acerca de una orden que planeaba presentar.

Después de revisar los argumentos, el juez señaló el miércoles que no emitirá la orden propuesta y que el caso puede proseguir. Las interrogantes legales que persisten en el caso son lo suficientemente delicadas para que la cuestión no pueda ser decidida de forma inmediata, comentó Bryan.

Ferguson, un demócrata, demandó a GEO en 2017, diciendo que los civiles que estén detenidos deben recibir el salario mínimo por trabajos de limpieza, cocina, lavandería y de otro tipo que realizan en el centro de detención de Tacoma, lo que representaría una paga de 12 dólares la hora, en lugar del dólar que reciben por día. La querella busca obligar a GEO a ceder las ganancias que obtiene al pagarle menos a los detenidos, y ha sido vista como una prueba de cuán bien los funcionarios demócratas del estado pueden resistir a la agenda de inmigración del presidente Donald Trump.