La decisión del Congreso de Baja California, de alargar el mandato del gobernador electo, el morenista y antes priista, Jaime Bonilla, rompe con la legalidad y, sobre todo, crea un grave e inquietante antecedente.

Bajo el “porque el pueblo lo pidió”, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, calificó de “intrascendente” la decisión y, además, se lanzó con que “dos años son pocos para gobernar”, porque para los ciudadanos es muy desgastante pensar en por quién van a votar en un año.

Las elecciones tenían como uno de sus elementos, la duración del mandato del ganador, el cual sería de dos años. El objetivo es igualar al máximo el calendario electoral para tener procesos en las mismas fechas, bajo la búsqueda de ahorros de toda índole y que el país no se la pase de sufragio en sufragio.

Las reglas estaban establecidas e informadas con antelación. La decisión fue tomada con el aval de todos los partidos políticos, a lo que se sumó la de diversos sectores del estado y el del propio gobernador.

No es el único estado que pasa por un proceso como éste. El propio López Obrador se va a ver afectado por esta dinámica, pues su mandato será de cinco años con 10 meses. Fueron las reglas que se establecieron para tratar de que los ciudadanos pudiéramos acudir a las urnas sin vernos agobiados para tener que hacerlo en varias ocasiones a lo largo de un año.

También está de por medio el que los tiempos, en algunos estados y también a nivel nacional, entre la elección y la toma de posesión, son larguísimos y carecen de sentido.

Se pueden provocar vacíos de poder que llevan a la ingobernabilidad. La experiencia en otras naciones muestra que no hay mucha ciencia detrás de esto; todo sería más sencillo si los tiempos se acortaran y los ganadores pudieran ejercer el poder lo más pronto posible.

En Baja California se está jalando la cuerda de más. Está claro que el gobernador electo, no olvidemos que formaba parte de los superdelegados del Presidente, movió todas sus piezas en el Congreso, controlado por Morena, para conseguir su objetivo, el cual le está saliendo caro.

Quiéralo o no, Bonilla está mandando mensajes que han terminado por llegar al mismo Presidente. Con razón López Obrador ha establecido que es un tema que le compete únicamente al estado.

Sin embargo, también debe saber que a pesar de no querer meterse, mucho de lo que se interpreta sobre el caso es que puede tener que ver con la idea que circula, con buenas y malas intenciones, de que podría alargar su mandato, a pesar de que es importante recordar que lo ha negado en varias ocasiones.

El Presidente quiere tomar distancia para dejar establecido que ya pasaron los tiempos en que todo se decidía desde el centro. A pesar de ello, resulta difícil imaginar que no estaba mínimamente al tanto del asunto; entre otras razones porque López Obrador está al pendiente, diríamos sin exagerar, de casi todo.

Son dos las razones por las cuales la decisión tomada en BC genera tanta controversia. Una, porque al reconocer que es una decisión autónoma, se está presentando una violación a los acuerdos a los que se llegó, establecidos en la ley.

La segunda, es la inevitable interpretación del hecho en la persona del Presidente. No somos de la idea de que este sexenio vaya a durar más de cinco años con 10 meses.

Sin embargo, vendría bien que el Presidente, sin dejar de respetar la singular decisión, cargada de especulaciones que incluyen el papel que, se asegura, jugaron los legisladores locales de todos los partidos, estableciera una posición personal, republicana y constitucional sobre los hechos.

RESQUICIOS

El conocimiento de las destacadas especialistas María Amparo Martínez Arroyo y Elba Escobar Briones, del Instituto Nacional de Ecología, y de la UNAM, sobre el tema del sargazo, son una de las bases fundamentales para entender el tema y buscarle soluciones; en medio de la crisis es indispensable escucharlas; ¡búsquenlas!