Como muchos de los grandes problemas que tenemos, el de los desaparecidos también nos rebasa. Es una pesadilla para miles de familias mexicanas que viven en vilo y aferradas a la esperanza de poder encontrar a los suyos.

Durante mucho tiempo diferentes gobiernos evadieron el tema bajo la premisa de que el problema no era del tamaño que se planteaba.

Esta absurda estrategia llevó a que no se hablara del asunto como si no existiera, o que fuera visto como una pelea entre los “malos” por la “plaza”, según algunos gobernantes, como si eso fuera una explicación satisfactoria.

Lo que se fue dando al paso del tiempo fue que se incrementó el número de desapariciones forzadas y que no se atendió, en su debida dimensión, un problema social y político de enorme envergadura.

Muchos gobiernos, tanto el federal como algunos estatales, son responsables por omisión. No enfrentaron el problema bajo el supuesto de que no era de su competencia o de que la pesadilla no era de la magnitud que se decía.

En ambos casos todo entraba en el terreno de lo absurdo y de no reconocer el gran problema que ya tenía el país, tratando con ello de cubrirse las espaldas o minimizándolo, como si no tuvieran responsabilidad alguna.

No se quiso asumir que en muchos casos eran los propios gobiernos los responsables de las desapariciones.

El caso de los 43 normalistas en Iguala se convirtió en la manifestación más acabada de esto. Los estudiantes fueron detenidos, o secuestrados, por la autoridad para luego ser entregados a la delincuencia organizada.

El caso resultó emblemático y acaparó la atención debido a que se evidenció un modus operandi, que no es ajeno a lo que pasa en muchos otros casos.

Otras variables que han estado presentes en la “noche más triste” y que han provocado rabia en la sociedad, ha sido la torpeza con que se ha manejado el caso.

Junto con esto se ha presentado un fenómeno que quizá sea lo más significativo de todo el tema: la reacción indomable de los padres de los estudiantes desaparecidos que ha derivado en una reacción de solidaridad y rabia social.

La desaparición de los normalistas es de alguna forma una especie de representación acabada de lo que pasa en la mayoría de los casos de desaparición forzada. Tiene que ver con los muchos casos denunciados: autoridades, lo que incluye en el historial a soldados y marinos, detienen a ciudadanos por su perfil o porque se los piden, en particular jóvenes, para luego entregarlos a los delincuentes.

Pueden presentarse casos en que sean los propios delincuentes quienes llevan a cabo las desapariciones, pero es muy difícil, cerca de lo imposible, que las autoridades no estén al tanto de lo que pasa. No es casual que en muchas ocasiones, cuando se presentan denuncias, las autoridades inhiben a los denunciantes o los conminen absurdamente con un “mejor ni se meta” o “no se busque más problemas”.

El actual Gobierno ha entendido el tamaño del problema, se ha mostrado atento y, sobre todo, sensible ante las miles de familias afectadas. No basta con ello, pero en función del pasado y de la insensibilidad de años es un gran avance.

Si en el país no se construyen nuevas condiciones de vida será muy difícil que se erradique la desaparición forzada. Éste es el otro gran componente que tiene enfrente el Gobierno.

Si las cosas no se transforman en el país, por más que se sea sensible y se tenga atención a ello; de no cambiar las raíces del problema seguirán las desapariciones forzadas.

Lo importante en estos meses, es que parece que ahora si a nadie le pasa de largo nuestro doloroso y triste problema.

RESQUICIOS.

Sea que se haya entregado o que la hayan detenido, lo cual hace algunas diferencias, la directora del Colegio Rébsamen tendrá que dar muchas explicaciones sobre la tragedia en la escuela. Pensar que está sola en todo esto es evadir la responsabilidad de las autoridades, a las que les da por sólo señalar a la miss.