Foto: Posta.
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TAMAULIPAS.- En el municipio de Río Bravo hay miedo de la población a morir durante una balacera en cualquiera de sus calles.

Los tiroteos son cosa de todos los días, como en cualquier municipio fronterizo. Pero ahora el miedo es contra los polícias estatales, que en Tamaulipas ya no sorprende a nadie.

Dice el mensaje escrito en el vidrio trasero de un auto en Río Bravo:

“Trabajo honestamente y siempre viajo con mi niño de 6 años ¡¡ no me dispares!! y no tengo dinero ¡¡no me secuestres!!”

Y otro, en una camioneta:

“Bebé a bordo no me dispares somos familia no delincuentes”.

El viernes 7 de febrero, cerca de las diez de la noche durante “un topetón” entre policías estatales y un grupo criminal, el ingeniero Juan Daniel Ortiz Martínez murió acribillado a balazos por los policías estatales.

Los padres de Daniel afirmaron que gritó a los policías que no dispararan, pero los policías no se detuvieron.

Tenía 23 años, y ahí murió.

A la camioneta en que viabaja Daniel le fueron contabilizadas 236 impactos de bala.

Unos 50 balas impactaron en su cuerpo.

“Él salió a la tienda, como se tardó unos 15 minutos y yo escuché detonaciones, le marqué, y me contestó a la segunda vez, y escuché que gritaba que no le tiraran, pero se seguían oyendo balazos, y salimos corriendo, y al llegar todavía seguían disparando a la camioneta. Ese fue un asesinato, esos policías me arrebataron a mi hijo que porque lo confundieron”, dijo Doña María, su madre.

La histeria, el miedo, la idignación contra los policías y el Gobierno Estatal se ha canalizado en las calles y redes sociales, y solamente fue así que el gobernador Cabeza de Vaca salió a declarar unos días después del asesinato de Daniel que no habría impunidad en castigar a los responsables.

“Se están haciendo todas las investigaciones y como lo he mencioné anteriormente, aquí no habrá impunidad, si hubo errores, exceso de la fuerza, se va a aplicar la ley, esto no es opción; ya se están llevando a cabo las investigaciones por la Fiscalía General de Justicia”.

Todo Río Bravo se puso de luto con el asesinato.

Y también se llenó de indignación:

Los padres Daniel señalaron que los policías estatales además de acribillarlo, le sembraron armas en su camioneta para justificar este asesinato.

Policías que asesinan y además -para protegerse- modifican escenas del crímen, siembran armas y mienten, no es nuevo en Tamaulipas.

También el Gobierno del Estado que dirige el panista Francisco García Cabeza de Vaca participa en el montaje de estas macabras escenografías.

Como en Nuevo Laredo.

En su momento, el Comité de Derechos Humanos en ese municipio dio a conocer evidencias que echan abajo la versión del Gobierno del Estado sobre un "enfrentamiento" entre policías estatales y presuntos criminales del Cártel del Norte que habría dejado ocho pistoleros muertos en la colonia Valles Anáhuac, el 5 de septiembre del año pasado.

El Comité presentó una serie de fotografías y un reporte de tránsito en el que se acreditó el uso de una grúa para "sembrar" una camioneta en la que se dijo viajaban los presuntos criminales y los testimonios de algunos sobrevivientes, para acreditar que no se trató de un enfrentamiento, sino de la ejecución de cinco hombres y tres mujeres a manos de los policías del estado.

Sin demoras, el Gobierno del Estado reforzaría la versión del enfrentamiento con un comunicado oficial.

En ese documento diría que civiles armados vestidos de militares atacaron a los policías.

Que, ante el ataque, los policías dispararon y mataron a ocho presuntos criminales.

Además, que habían usado una camioneta blindada en forma artesanal en el enfrentamiento.

Todo fue un montaje.

Las imágenes de cinco hombres y tres mujeres vestidos con uniformes tipo militar, posando con armas junto a sus cuerpos (sin vida) y que fueron filtradas por autoridades del gobierno de Tamaulipas fueron un verdadero montaje.
Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo

La organización ha documentado hasta ahora elementos para afirmar que se trató de una ejecución extrajudicial, donde las víctimas habrían recibido "un tiro en la cabeza a corta distancia, e incluso algunos estaban sometidos en el piso o acostados sobre una cama".

“Se constató que no hay evidencias de un enfrentamiento", ya que tanto en la casa donde supuestamente se dio éste y en fachadas de hogares aledaños, "no hay impactos de balas".

Los sucesos se dieron en varios puntos. Uno es el domicilio ubicado en el lote 902 de Avenida 7, donde vivía Severiano Treviño Hernández, una de las víctimas, junto con su hija Kassandra y una niña de dos años, sobrevivientes.

Agregó que las fotografías filtradas de los cuerpos sin vida de los presuntos criminales evidencian que "las armas se les colocaron de manera burda", además que algunos vestían uniformes tipo millar de tallas mucho más grandes a sus complexiones e incluso portaban el calzado al revés.

La ONG ha retiterado que las autoridades estatales, en particular quienes participaron en la "persecución y enfrentamiento" no han presentado un informe oficial y detallado de lo sucedido durante las seis horas que habría durado el operativo; Ni tampoco han dado a conocer los videos que las fuerzas de seguridad están incorporados a hacer en este tipo de acciones”.

Se cuenta además con un reporte de tránsito firmado por el comandante Eladio Martínez Juárez, en el que se asienta el uso de una grúa para llevar desde un punto distinto a cinco kilómetros de distancia al que sucedieron los hechos rumbo, la camioneta modificada con blindaje artesanal, en la que la versión oficial aseguró que se trasladaban los presuntos criminales abatidos, es decir, que ese vehículo no se encontraba ahí en el momento del "enfrentamiento".

Asimismo, existe un video en el que se comprueba el arrastre de la camioneta que era escoltada por cuatro camionetas y cuatro camiones blindados de la policía estatal y tres vehículos militares con los números económicos 0916312, 0916324 y 0916593, además de que el operador de la grúa refirió que se le pidió llevar la camioneta a la esquina de avenida 7 y calle 10 donde supuestamente se dio el supuesto enfrentamiento.

En el caso de la ejecución en Nuevo Laredo, el gobernador Cabeza de Vaca dijo que se actuaría con toda la fuerza de la ley.

Y dado que al gobernador de Tamaulipas le gusta más establecer convenios de seguridad con autoridades de Estados Unidos, sugirió que en las investigaciones participara el FBI y otras agencias internacionales.

Mientras tanto, la profesionalización y la cantidad necesaria de policías en Tamaulipas ha sido un fracaso. Lo fue con el anterior gobernador priista Egidio Torre. Lo es ahora con el panista Cabeza de Vaca.

Al inició del gobierno panista había unos 3 mil policías y el objetivo sería llegar a los 9 mil. En el tercer año de gobierno panista, Tamaulipas apenas ha logrado mil agentes más.

En lo que va de la administración cerca del 50% de los policías han sido evaluados en su desempeño. Unos dos mil no lo han hecho.

Y con esta fuerza policiaca -que participó en las ejecuciones como la de Río Bravo y Nuevo Laredo- Cabeza de Vaca dice que Tamaulipas ha dejado de ser el principal foco rojo del país en materia de seguridad.

Legisladores federales de Morena han destacado que los índices delictivos en Tamaulipas han aumentado de manera “inmensa” desde que Cabeza de Vaca asumió la gubernatura en 2016, que la convierten en una de las entidades federativas más violentas del país y que deja a sus habitantes en un estado de vulnerabilidad sin precedentes.

Durante la entrega de su Tercer Informe de Gobierno, Cabeza de Vaca dijo a los diputados que su gobierno avanzó en materia de seguridad y bienestar para los tamaulipecos.

“Al llegar tercer año del primer gobierno de alternancia en la historia de Tamaulipas, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que los logros alcanzados se deben al esfuerzo decidido de una sociedad que tiene conciencia de que es posible construir un futuro próspero, que se refleje en mejores condiciones de vida", dijo el Gobernador.

Las familia de Daniel en Río Bravo y los deudos de las ocho personas en Nuevo Laredo no piensan lo mismo.